ESPAÑA: El Gobierno retoma el proyecto de Ley del Cine y la Cultura Audiovisual

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley del cine y de la cultura audiovisual, que pretende fortalecer la industria audiovisual española a nivel nacional e internacional y que engloba a «toda la cadena de valor», incluidas plataformas y series de televisión

El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, el proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. El Ejecutivo ha aprobado el mismo texto que ya fue presentado por el entonces ministro Miquel Iceta y validado el 27 de diciembre de 2022, y que decayó al disolverse las cámaras por la convocatoria de elecciones generales. La norma recoge la creación del Consejo Estatal de Cinematografía y la Cultura Audiovisual en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley. Ernest Urtasun ha anticipado que este organismo articulará la relación estable entre las administraciones y el sector.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado que la futura ley nace con vocación de permanencia para proteger, impulsar y facilitar el desarrollo de la industria cinematográfica. Además, ha recalcado que la norma parte de «una demanda unánime del sector y está hecha con el sector y para el sector».

La norma, que se contempla dentro del Plan España, Hub Audiovisual de Europa, pretende impulsar y fomentar la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales; y establece tanto condiciones que favorezcan su creación y promoción, como medidas para la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual español.

El principal objetivo del texto legislativo es fortalecer toda la cadena de valor de la producción cinematográfica con especial atención a los sectores independientes por constituir elementos esenciales de la diversidad cultura. También pretende impulsar mecanismos que mejoren la competitividad de las empresas y profesionales en el entorno internacional. Por lo tanto, ha subrayado el ministro, «es una ley integral destinada a apoyar y ayudar al conjunto de la cadena de valor».

Por otro lado, tiene la intención de garantizar la defensa de la competencia en el mercado audiovisual, la transparencia de la información sobre asistencia y visionados de las obras audiovisuales, así como el adecuado ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares. Y aborda la protección del patrimonio cinematográfico y audiovisual de una manera más amplia y acorde con la Recomendación de la Comisión de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la preservación digital.

Para ello, la normativa se adapta a los avances y transformaciones que ha experimentado el sector desde que entró en vigor la Ley actual en 2007, alineándose con la normativa europea en la materia. En este periodo, se han incorporado nuevos contenidos y servicios de distribución, explotación y difusión, propios de un mercado global y de una sociedad caracterizada por la cultura y la economía digital.

En el título de la ley se ha incorporado el concepto de ‘cultura audiovisual’ junto al de ‘cine’, al entender que la actividad cinematográfica y la actividad audiovisual constituyen una unidad que integra las especificidades de los distintos medios de explotación y difusión de las obras audiovisuales. Por lo tanto, se deja constancia, ya en el título, de la intención de ampliar el campo de acción normativa al audiovisual en su conjunto, sin perjuicio de que la actividad cinematográfica continúe manteniendo un especial nivel de atención y protección.

«Nuestro Fondo de Protección a la Cinematografía ha superado ya los 100 millones de euros y, por tanto, estamos dando un impulso definitivo para seguir situando a España en el podio de las potencias cinematográficas europeas y globales», ha añadido Urtasun en la rueda de prensa.

Compromiso con la producción independiente

El proyecto de ley destaca por su compromiso con los sectores independientes y la autonomía creativa, y mantiene la definición de productora independiente reclamada por el sector. La definición aplica a las medidas de fomento del audiovisual que recoge el texto, que asimismo hace hincapié en que la dotación de las convocatorias de ayudas se destinará mayoritariamente a productoras independientes. «Los fondos a la cinematografía darán prioridad a los productores independientes», Ha subrayado el ministro.

De forma general, el proyecto de ley subraya la necesidad de ayudas públicas capaces de impulsar todos los aspectos del audiovisual. Se considera necesario apoyar todas las fases de creación y promoción de un proyecto (escritura, desarrollo, pre-producción, distribución…). Por ello, incide en apoyar también la exhibición; la internacionalización; la organización de festivales, premios, mercados y eventos profesionales; los proyectos de investigación, alfabetización cinematográfica y audiovisual y creación de audiencias; las actividades de formación; los nuevos formatos, nuevas tecnologías y actividades de I+D+i; o la conservación del patrimonio.

También como novedad, la ley considera que el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual reservará siempre un porcentaje significativo de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica, aunque incluya otras formas audiovisuales, como series.

Diversidad, igualdad y accesibilidad

El fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas oficiales distintas del castellano se amplía a las lenguas reconocidas estatutariamente por las Comunidades autónomas. Para el reconocimiento de la nacionalidad española se incluyen no solo las lenguas oficiales, sino también por primera vez, estas lenguas, así como las lenguas de signos españolas reconocidas legalmente. Se incluye, adicionalmente, como requisito para obtener la nacionalidad, el respeto a la jurisdicción y a la legislación española en materia de propiedad intelectual.

En lo referente al apoyo a las salas de cine, todas las salas cinematográficas podrán acceder a las ayudas a la exhibición, aunque se mantendrá la especial atención a las salas independientes o de núcleos rurales.

El proyecto de ley presta especial atención a la igualdad real entre hombres y mujeres, a través de reservas específicas en las dotaciones de las distintas líneas de ayudas. Por ejemplo, la reserva del 35% de la dotación de ayudas a producción reservada a mujeres a través de las órdenes de ayudas, pasa ahora a ser una obligación recogida en la ley que deberán cumplir todas las ayudas a producción. Adicionalmente, se incluye que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura, a través de la Filmoteca Española, adoptará iniciativas destinadas a visibilizar la producción y el papel de las mujeres en el patrimonio cinematográfico y audiovisual español.

También se mantiene la cuota de pantalla (el porcentaje que los exhibidores han de reservar a cine nacional y europeo): pasa de un 25% a un 20%, e incluye, como novedad, cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres.

En su apuesta por un cine y un audiovisual universal, igualitario y accesible, la ley protege especialmente los colectivos con dificultades de acceso por discapacidad. Será requisito para acceder a las ayudas de largometrajes y distribución la incorporación de sistemas de accesibilidad. Las empresas que aspiren a ser beneficiarias de ayudas públicas deberán cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, en el caso de que les sea aplicable. También se incluye la obligación de cumplir con las condiciones de accesibilidad universal en la exhibición cinematográfica, al tiempo que plantea una mejora en la Filmoteca Española en la accesibilidad para la difusión de las obras cinematográficas.

Protección del patrimonio audiovisual

La ley incide en la importancia de la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual. Para ello, se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español para incluir expresamente el Patrimonio Audiovisual y Cinematográfico como integrante del Patrimonio Histórico Español. La Filmoteca Española se califica como Bien de Interés Cultural (BIC). Además de contemplar la creación de ayudas específicas para la conservación del patrimonio audiovisual, determina que los beneficiarios de ayudas públicas deberán entregar a Filmoteca Española los materiales necesarios para la mejor conservación del patrimonio.

Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual

También como novedad, se recoge la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Será una nueva herramienta para el diálogo, la comunicación y la cooperación en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual. Compuesto por representantes de la administración, de asociaciones y organizaciones de los sectores, y vocales de reconocido prestigio, abordará cuestiones de políticas públicas, alfabetización audiovisual o patrimonio, entre otras. Entre sus funciones, se añaden en este proyecto de ley las de impulsar mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para la propuesta de acuerdos y solución de controversias, entre otras.

Como novedad, se establece la obligación específica del ICAA de elaborar y publicar periódicamente un plan estratégico para la cinematografía y la cultura audiovisual, así como informes anuales sobre las medidas impulsadas y sus resultados, y las estadísticas y estudios sobre la actividad del sector que se estimen necesarios y de interés para la ciudadanía.

Por otro lado, se incluye la declaración por parte de las prestadoras del servicio de comunicación audiovisual (plataformas) de los datos de visionado de obras audiovisuales, al igual que hacen las salas de exhibición. La posterior regulación reglamentaria del sistema será la que determine los ámbitos temporal, geográfico y de volumen de negocio para aportar los datos de visionados, y que se llevará a cabo a través de una comisión en la que participará, junto con el ICAA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.